Por Raúl Enrique Bibiano
"No se puede justificar el invisibilizar la realidad social"
En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que en el resto del país, la situación de pobreza y la condición de indigencia de miles de personas, incluyendo adultos mayores, reflejan políticas perjudiciales, desempleo, falta de oportunidades genuinas y, sobre todo, falta de respeto a los derechos humanos equitativos, no politizados.
En este contexto de crisis habitacional y social, resulta preocupante y alarmante la actitud del ministro de seguridad porteño y el secretario de seguridad de la ciudad, quienes durante una entrevista radial expresaron que aquellos que se nieguen a ser derivados a un parador deberán abandonar la ciudad e irse a otro lado. Esta declaración suena escandalosamente a un "apriete", que avasalla la libertad individual de las personas, la cual está protegida por la Constitución Nacional.
Según la Constitución Nacional, el artículo 14 bis establece que el Estado debe garantizar los beneficios de la seguridad social, que deben ser integrales, incluyendo el acceso a una vivienda digna. Sin embargo, esto solo existe en el papel de la Constitución y no en la realidad de nuestra sociedad.
Antes de la derogación de la Ley de Alquileres, más del 30% de los hogares inquilinos destinaban la mitad de sus ingresos al pago del alquiler de una vivienda. Sin embargo, desde que asumió el actual presidente, la devaluación de diciembre de 2023 y la inflación descontrolada han aumentado los alquileres de manera desmedida, superando los ingresos de las personas y generando mayor pobreza e indigencia.
En la ciudad de Buenos Aires, donde la pobreza y la indigencia afectan a miles de personas, es fundamental que las autoridades respeten los derechos humanos y brinden soluciones dignas y efectivas para abordar esta problemática. La coerción y la amenaza de expulsión de la ciudad no son la manera adecuada de abordar la situación.
Es necesario que se garanticen políticas públicas que respeten la dignidad y los derechos de las personas en situación de calle, ofreciendo alternativas reales de vivienda digna y acompañamiento social. Solo así podremos avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y solidaria.
Estos refugios no cumplen con el requisito de ser una vivienda digna y ni siquiera pueden considerarse viviendas. La ciudadanía está tomando conciencia de que la verdadera "casta" culpable de la crisis económica no son los políticos, sino la ciudadanía misma que está sufriendo las consecuencias de políticas perjudiciales que benefician a unos pocos a costa de los más pobres.
