Los narcotraficantes y usurpadores Nicolás Maduro y Diosdado Cabello
secundados por un puñado de altos oficiales de las tres fuerzas
armadas y un grupo de criminales a sueldo, son los responsables de de
los peores actos de violación a los Derechos Humanos en América
Latina.
Por Raúl Enrique Bibiano
Antes que otras palabras, en mi condición de redactor de la
siguiente editorial, deseo manifestar mi consternación y mi
sentimiento de profundo dolor por los 25 indígenas Pemón cobardemente
asesinados por los esbirros al mando de los narcoterroristas y
usurpadores de Venezuela y jefes del cartel de los soles, Nicolás
Maduro y Diosdado Cabello, durante la jornada del 23 de
febrero próximo pasado, en el intento del ingreso de la Ayuda
Humanitaria, enviada por los Estados Unidos de Norte América
para el valiente Pueblo Venezolano.
<<Así
son los Pemón, una comunidad sociable y amistosa, defensores de
las tierras y los humedales, amantes de la floresta y la artesanía,
que solo procuran vivir en armonía. Una armonía que fue vilmente
quebrantada por los sucesos del pasado sábado 23 en que sus Derechos
fundamentales fueron violados arteramente.>>
El Cartel de los Soles: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y su
organización criminal Narcoterrorista: (Así controlan el
territorio Venezolano…)
El
Cártel de los Soles es un grupo conformado por miembros corruptos de
las Fuerzas Armadas de Venezuela y del usurpado gobierno bolivariano, cuyo
objetivo principal es el tráfico de drogas. Se compone
principalmente por altos oficiales militares que están estrechamente
vinculados al crimen organizado internacional, participando en
actividades criminales como narcotráfico, minería ilegal y
contrabando de combustible.
Además
de intervenir activamente en el comercio ilícito de drogas,
controlan la actividad minera de varios estados, con participación
directa en la extracción y el contrabando de oro, coltán, piedras
preciosas y otros minerales. Estel fenómeno habría comenzado cuando
el narcotráfico colombiano introdujo cocaína a Venezuela utilizando
unidades militares corruptas, ubicadas en la zona de frontera con
este país.
El
término “Cartel de los soles” habría sido utilizado por primera
vez en 1993, durante el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez,
cuando dos generales de la Guardia Nacional, Ramón Guillén Dávila,
(jefe antidrogas) y su sucesor Orlando Hernández Villegas, fueron
investigados por tráfico de drogas y delitos conexos. Como
comandantes de brigada, cada uno llevaba un solo sol como insignia en
sus hombros insignia que caracteriza a los Generales de Brigada,
dando lugar al nombre “Cartel del Sol”.
Más
tarde, cuando se iniciaron las investigaciones, se determinó la
participación de generales de división de la GN en delitos de
narcotráfico, convirtiéndose de esta manera en el Cartel de los
Soles, ya que los generales de división poseen dos soles como
emblemas.
En
principio, la actividad de la Fuerzas Armadas Venezolanas en torno al
narcotráfico, principalmente consistía en aceptar sobornos y mirar
hacia otro lado, mientras los traficantes movían su mercancía. Los
militares no tenían conexiones directas con proveedores y en gran
parte no movían ni almacenaban cocaína ellos mismos.
Según
la revista canadiense Vice News9 y Emili J. Blasco, crítico del
gobierno bolivariano, en su libro Bumerán Chávez, el gobierno del
presidente Hugo Chávez «expandió la corrupción a niveles sin
precedentes» corrompiendo al Ministerio Público, al sistema
judicial y a las fuerzas armadas, «donde habría llegado a salir el
90% de la producción de cocaína colombiana hacia Estados Unidos y a
Europa», y a través del Plan Bolívar 2000, habría otorgado a
militares millones de dólares para subsidiar programas sociales sin
ningún control y que posteriormente desaparecieron.
También
habría otorgado inmunidad legal a oficiales implicados en
narcotráfico para mantener el poder y su lealtad. Cuándo Chávez
expulsó de Venezuela a la Administración para el Control de Drogas
(DEA). en 2005, Venezuela comenzó a ser una ruta más atractiva para
el comercio internacional de drogas.
De
acuerdo a fuentes de inteligencia colombiana, un vigilante de drogas
arrestado declaró que "personal con altos cargos en la
seguridad del presidente Hugo Chávez se encargaban de arreglar el
traslado de cargamentos de drogas en barcos que circulaban a través
de rutas por Venezuela". También se ha alegado que la
Guardia Nacional había trabajado con la guerrilla colombiana de las
FARC en el tráfico de drogas. Oficiales británicos declararon que
aviones de Colombia con drogas fueron custodiados desde bases de la
Fuerza Armada Venezolana.
Durante
la mitad de la primera década del año 2000, elementos de la Guardia
Nacional y otras ramas del ejército se hicieron mucho más activos
en el tráfico de drogas. Células dentro de las fuerzas de seguridad
comenzaron a comprar, almacenar, transportar y vender cocaína,
mientras que anteriormente su labor principal era extorsionar a los
narcotraficantes que movían cargamentos de cocaína.
Tres
acontecimientos significativos contribuyeron al auge del crimen
organizado en Venezuela. En primer lugar, Colombia firmó el
multimillonario Plan Colombia de seguridad con Estados Unidos, lo que
permitió que las fuerzas de seguridad de Colombia presionaran a los
grupos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como
nunca antes. Esta presión militar obligó a los guerrilleros a mover
sus operaciones a los estados fronterizos de Venezuela que eran poco
vigilados.
Luego,
en 2002 ocurrieron dos hechos claves, uno tras otro. El primero fue
el final del proceso de paz entre las FARC y el gobierno del
presidente Andrés Pastrana, con lo cual la guerrilla perdió su
enorme santuario cocalero en el sur de Colombia, viéndose obligada a
buscar otros refugios. El segundo fue el intento de golpe de estado
que removió temporalmente al presidente Hugo Chávez del poder. Esto
llevó a Chávez a centrar gran parte de su energía en la
identificación y sanción de los golpistas, mientras lideraba otras
intensas batallas políticas, como la huelga petrolera de 2002-2003.
Las
consecuencias del golpe llevaron al gobierno de Chávez a reforzar su
círculo de confianza, lo cual también significó que muchas
posiciones influyentes en el gobierno o las oportunidades lucrativas
de contratos les fueron otorgadas a militares leales. Se dio la
sensación de que el gobierno asumió una posición de régimen
pretoriano, con militares retirados o en servicio ocupando cargos
importantes en estamentos del Estado.
Chávez
también estableció áreas de operaciones militares a lo largo de la
frontera, invocando el temor a una invasión estadounidense desde la
frontera con Colombia. Se cree que fue en ese momento cuando
efectivos, tanto del ejército como de la Guardia Nacional, se
corrompieron por el dinero del narcotráfico.
FARC
Desde
finales de la década de los 90´, en pleno fervor del proceso de paz
en el Caguán, las FARC venían utilizando el territorio venezolano
como trampolín para los envíos de droga a Europa y los Estados
Unidos.
El
Instituto Internacional para Estudios Estratégicos (IISS, en sus
siglas en inglés) acusó al gobierno de Chávez de financiar la
oficina de las FARC en Caracas, otorgándole servicios de
inteligencia. Diplomáticos venezolanos denunciaron las
investigaciones realizadas por el IISS, afirmando que tuvieron
"inexactitudes básicas".
En
2007, las autoridades colombianas denunciaron que, a través de
ordenadores portátiles que habían sido incautados durante una
redada realizada contra Raúl Reyes, encontraron documentos que
demuestran que Hugo Chávez ofreció pagos de más de $300 millones a
las FARC para crear "lazos financieros y políticos respaldados
durante años" y documentos que muestran a rebeldes de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia solicitando asistencia
venezolana para la adquisición de misiles tierra-aire, demostrando
además que Chávez, realizó encuentros personales con estos líderes
rebeldes.
Según
Interpol, los archivos encontrados por las fuerzas colombianas fueron
considerados como auténticos.
En
2008, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a dos
oficiales de alto rango del gobierno venezolano y un exoficial de
proporcionar asistencia material para operaciones de narcotráfico,
llevadas a cabo por el grupo guerrillero de las FARC en Colombia.
A
mediados de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC
por sus iniciales en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados
Unidos, ha sancionado a 13 funcionarios y exfuncionarios venezolanos
por “socavar la democracia” en su país, entre ellos varios
políticos importantes, como Néstor Reverol, ministro del Poder
Popular para Relaciones Interiores y Justicia, y antiguo zar
antidrogas y excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana;
e Iris Varela, miembro de la Comisión Presidencial de Venezuela para
la Asamblea Nacional Constituyente y exministra de Servicios
Penitenciarios.
En
septiembre de 2013, un incidente enlazado al Cartel de los Soles
implicó a personal de la Guardia Nacional Venezolana, quién colocó
31 maletas que contenían 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo a
París. Autoridades francesas quedaron atónitas debido a que fue la
mayor incautación de cocaína registrada en la Francia continental.
El 15 de febrero de 2014, un comandante de la Guardia Nacional fue
detenido y arrestado mientras conducía a Valencia con su familia,
transportando 554 kilos de cocaína. El 11 de noviembre de 2015,
agentes de la DEA arrestaron a dos parientes, un hijo adoptado y un
sobrino, de la primera dama Cilia Flores, mientras intentaban
introducir 800 kilogramos de cocaína procedente de Venezuela a los
Estados Unidos. Una fuente de la DEA declaró extraoficialmente que
no hay forma alguna de que tal cantidad enorme de cocaína pasara a
través de Venezuela sin niveles altos de corrupción en el gobierno
Los
expedientes en las cortes federales de los Estados Unidos sobre
ciudadanos ligados al gobierno de Venezuela, acusados de operar en el
negocio del narcotráfico, se han incrementado de manera paulatina.
Gracias a la información suministrada por otros individuos que han
decidido colaborar con la justicia norteamericana (ofreciendo datos
sobre rutas de la drogas, personajes, montos y otros elementos del
crimen), el gobierno estadounidense ha logrado reunir una serie de
datos que le han permitido incluir dentro de la lista de sancionados
del Departamento del Tesoro a funcionarios de alto nivel del gobierno
de Venezuela; entre ellos, al vicepresidente Tareck El Aissami.
La
administración de Trump acusó al vicepresidente de Venezuela de
haber mantenido vínculos con una variedad de personajes y
protagonistas clave del terrorismo y el narcotráfico. Las sanciones
han congelado los activos de El Aissami y su testaferro, Samark
López, en Estados Unidos los cuales, según voceros oficiales,
superan los 500 millones de dólares. Una pelea en la que el
acorralamiento a los agentes de la administración de Venezuela
dedicados al crimen organizado es vital. Para José Ferrer, la
decisión de Maduro de brindar protección y blindar a los
sancionados por la OFAC busca asegurar la lealtad de dichos
funcionarios a la llamada revolución bolivariana.
En
el mes de marzo de 2017, se presentó ante el Comité de Relaciones
Exteriores del Senado de EEUU, un testimonio que confirmó las
conexiones venezolanas con la industria del narcotráfico mundial. En
ese momento, la experta del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR),
Shannon O'Neil, dijo que "en términos de seguridad, la voluntad
de Venezuela de permitir a los narcotraficantes, redes de
delincuencia organizada, terroristas potenciales y otros actores
nefastos dentro de sus fronteras, afecta también a la seguridad
nacional de los Estados Unidos".
Los
informes elaborados por CFR muestran que las bandas criminales de
Colombia (BACRIM), las disidencias de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) que no aceptaron los Acuerdos de
La Habana y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) operan en el
país, al igual que los cárteles de Sinaloa y Los Zetas de México;
este último, desaparecido en 2018 pero con una facción
sobreviviente llamada "Cartel del Noreste". Sin duda
alguna, dijo O'Neil "Venezuela se ha convertido en la ruta
preferida de contrabando de drogas en Sudamérica, pues es la vía
que usan los narcotraficantes para traer la cocaína a los Estados
Unidos, a través de América Central y el Caribe Oriental, y a
Europa, a través de África Occidental.
Por
otro lado, el informe anual del Departamento de Estado sobre
estrategia para el control de narcótico dice que Venezuela se ha
convertido en el centro de distribución más importante para el
tráfico de drogas en América. <<Los expertos han señalado
que se ha establecido que más de 200 toneladas de cocaína pasan por
el país sudamericano cada año>>, lo cual representa el 40 por
ciento del consumo mundial.
Las
evidencias recogidas por las agencias federales norteamericanas
revelan que existen vínculos del gobierno venezolano con el
narcotráfico.
Un
caso que ha dejado ver tales relaciones de alto nivel entre los
cárteles de la droga y el gobierno de Nicolás Maduro, es el
que tiene que ver con los sobrinos de la pareja presidencial
venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui
Francisco Flores de Freitas, ambos declarados culpables por un
jurado en Nueva York, de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína
de alta pureza desde Venezuela a los Estados Unidos, vía Honduras.
Asimismo,
el general Néstor Reverol, actual ministro de Interior y
Justicia de Venezuela y exjefe de la Oficina Nacional Antidrogas
(ONA) de la nación sudamericana, fue acusado en Estados Unidos en
agosto de 2016 por cargos de tráfico de cocaína, junto con el
exsubdirector del mismo ente, Edilberto Molina Molina.
La
lista de funcionarios implicados en el narcotráfico incluye otro
exministro de Interior y Justicia, dos altos oficiales de
inteligencia y uno de rango medio que actualmente es juzgado en los
tribunales norteamericanos, un piloto que fue militar y servía a la
primera dama de Venezuela, Cilia Flores, y otros que tuvieron
vinculaciones con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás
Maduro.
Pero
a juicio del gobierno de Estados Unidos, las implicaciones de
Venezuela con el crimen organizado no se limitan
únicamente al tráfico de cocaína y a la violencia que se
genera y cobra vidas en la frontera sur, sino que el caso del
incremento del narcotráfico en el país, bajo la tutela de Nicolás
Maduro, incluye una enorme actividad de lavado de dinero de origen
ilícito, que compromete la integridad del sistema financiero
estadounidense.
Según
InSightCrime, existen grupos delincuenciales relacionados con este
cartel dentro de las ramas de las Fuerzas Armadas de Venezuela como
el Ejército, la Armada, la Aviación, y la Guardia Nacional; desde
el más bajo nivel hasta los más altos niveles de rangos militares.
Al
parecer, los rangos inferiores corruptos de la Guardia Nacional
compiten por posiciones en los puestos de control fronterizos para
obtener el pago de sobornos por el tráfico ilícito, aunque gran
parte de estos van a sus superiores corruptos de puestos fronterizos.
Los miembros de bajo nivel también ayudan a escoltar la droga desde
la frontera de Colombia hacia el interior de Venezuela para que, de
ahí, sean colocados en barcos a aguas internacionales.
En
enero de 2015, el exjefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado
Cabello, Leamsy Salazar, rindió declaraciones a la justicia
estadounidense, en las cuales señaló a Diosdado Cabello
como el actual jefe del Cartel de los Soles. Salazar fue
colocado en el Sistema de Protección a Testigos estadounidense tras
huir a este país con ayuda de la DEA, después de brindar
cooperación con la agencia estadounidense y declaraciones sobre la
posible participación de Cabello en el comercio internacional de
drogas. Salazar declaró que escuchó a Cabello dar órdenes para
transportar toneladas de cocaína. Según sus declaraciones, los
cargamentos de drogas eran enviados desde Colombia por la
antigua guerrilla de las FARC, dándose la orden de
transportar la droga por Venezuela hasta los Estados Unidos y
Europa, realizando posiblemente escala en Cuba. La
operación internacional de drogas tendría probablemente implicados
a miembros importantes del gobierno venezolano como Tarek El Aissami
y José David Cabello, hermano de Diosdado. En mayo de 2018, Cabello
y su familia son sancionados por el Departamento del Tesoro
congelando sus activos en suelo estadounidense, acusándolos de
lavado de activos, corrupción y narcotráfico.
Hugo
Carvajal habría sido un dirigente del Cartel de los Soles
durante su estancia en las Fuerzas Armadas aprovechando su paso, por
diez años, en la inteligencia militar venezolana, de los cuales pasó
más de siete como Director Nacional de Inteligencia. de julio de
2014 Hugo Carvajal, ya retirado de la vida militar, fue detenido en
Aruba, luego de haber sido admitido con un pasaporte
diplomático al ser nombrado Cónsul de Venezuela en la isla desde
enero. El arresto se efectuó siguiendo una petición formal del
gobierno de los Estados Unidos, el cual acusa a Carvajal de nexos con
carteles del narcotráfico y con la entonces guerrilla
colombiana de las FARC para traficar drogas. Cinco días
después, Carvajal fue liberado luego que las autoridades holandesas
manifestaran que poseía inmunidad diplomática; sin embargo, fue
expulsado de la isla al considerarlo "Persona non grata".
Considerando
toda esta abundante información, que demuestra la alta peligrosidad
de quienes desde hace tiempo, vienen manteniendo en calidad de
secuestrada a la población civil de #Venezuela, generando muertes
por asesinato o abandono y la peor de las hambrunas y miserias que se
hubieran registrado en toda la historia de la Región Andina del
Continente Americano, solo los que pudieran ser beneficiarios de sus
actos criminales y de lesa humanidad, podrían opinar a contrario
imperio de la legislación Internacional.
Venezuela
necesita ser liberada de manera urgente mediante una incursión
Militar sin precedentes para restablecer la Ley y el Orden
Constitucional y conduciendo a la cárcel a todos aquellos que con
tanta crueldad y alevosía, como riéndose del mundo, destruyó a la
vista de todos, la ayuda humanitaria reunida para paliar las
necesidades más básicas de la sociedad civil de esa nación.
Por
otra parte, es vergonzosa la miserable actuación de las Naciones
Unidas, que demuestra ser más ineficiente que su antecesora, la
“Sociedad de Naciones (SDN) que funcionaba a partir de 1919” y en
general, viene demostrando frente a diversos conflictos
internacionales, que su rol es inservible en todo sentido y que
también en sus filas ha existido la corrupción.
